Más del 80% de jueces concede pensión de alimentos menor a S/ 500

Más del 80% de jueces concede pensión de alimentos menor a S/ 500

El 81.2% de los jueces y juezas concede una pensión de alimentos menor a 500 soles, monto que únicamente cubre la alimentación de un niño, niña o adolescente, según el promedio mensual de la Canasta Básica Familiar del INEI, advirtió un informe de la Defensoría del Pueblo.

El documento titulado "El proceso de alimentos en el Perú: avances, dificultades y retos", difundido esta tarde, indica que dicho monto resulta insuficiente para atender otros aspectos indispensables para el desarrollo de los hijos, como salud, educación, vivienda, vestido y/o recreación.

Al término de una supervisión a 3,512 expedientes archivados entre los años 2014-2016, la Defensoría concluyó que el 95.3% son demandas presentadas por mujeres y el 89% de sus pretensiones son en favor de sus hijos e hijas.

Además, el 50.6% de las demandantes se dedica a las labores del hogar; mientras que el 16.8% se encuentra en situación de desempleo y solo un 16.3% realiza actividad laboral remunerada.

Menos del 3% de las demandas se resuelve en primera instancia dentro del plazo legal de 30 días hábiles, pese a que el proceso de alimentos se debe caracterizar por su rapidez y urgencia. Apenas un 38.9% de los casos que concluyeron con sentencia estimatoria fueron cumplidas.

Sin embargo, en el 43.3% de los casos, la ejecución demoró entre 1 y 10 meses, mientras que en el 33% de los casos tardó más de 11 meses.

Solo el 10.4% de las sentencias fueron apeladas y en relación a los casos concluidos sin sentencia se precisa que el 45% fue por abandono del proceso, el 15% por conciliación y el 40% por improcedencia, desistimiento e inadmisibilidad de la demanda.

El proceso de alimentos, desde una perspectiva de los operadores de justicia, presenta algunas dificultades. Para el 32.7% de los jueces y juezas entrevistadas, la carga procesal es la principal causa en el retraso del trámite de expedientes, en tanto un 16.7% indicó que es la falta de personal y un 33.9% señaló a los defectos en las notificaciones.

Un aspecto preocupante radica en el empleo de un intérprete de lenguas nativas u originarias, ya que el 29.4% de los jueces no puede comunicarse directamente con las partes en distritos judiciales donde predominan este tipo de lenguas y en el 65% de los casos no se tuvo acceso a un intérprete, a pesar de haber sido requerido por las partes.

En ese contexto, la Defensoría del Pueblo ha formulado diversas recomendaciones a las autoridades vinculadas con el sector justicia para que en ejercicio de sus atribuciones, contribuyan a configurar un proceso de alimentos más rápido y sobre todo eficaz para el beneficio de un grupo de especial vulnerabilidad en la población peruana, que involucra a mujeres, niños, niñas y adolescentes.

Andina