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Cotabambas da tregua, pero cuatro comunidades no quieren ceder

En la comunidad campesina de Quehuira, en plena carretera que usa la minera MMG Limited para sacar el cobre y otros minerales que explota en el yacimiento Las Bambas, el vicepresidente Martín Vizcarra se reunió con las autoridades y dirigentes de la provincia de Cotabambas.

Con el apoyo de la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, consiguió que los manifestantes concedan una tregua de 45 días para que el Ejecutivo proponga soluciones concretas a la copiosa demanda que entregaron sus autoridades y dirigentes.

Los alcaldes y dirigentes de los seis distritos concedieron el pedido del gobierno; no obstante, las comunidades de Quehuira, Choquecca Antuyo, Pumamarca y Allahua seguirán con el bloqueo de la carretera hasta que sus reclamos sean resueltos.

Salomón Paniura, presidente de Pumamarca, dijo que continuarán con su medida de protesta hasta que se solucione el problema de la contaminación por polvareda y la empresa les pague una compensación económica por el uso de la carretera comunal.

Vizcarra llegó casi a las dos de la tarde a Quehuira acompañado de su comitiva y con apenas dos escoltas vestidos de civil. No hubo resguardo policial como solía haber en este tipo de encuentros. Una decisión que abrió un espacio de confianza con los comuneros que desconfían de los agentes del orden por haber disparado y matado a Quintino Cereceda Huisa, el viernes 14 de octubre pasado.

Vizcarra logró la tregua a pesar de que por la mañana casi se frustra el acercamiento con los comuneros debido a una descoordinación para fijar el lugar de la cita.

Inicialmente el encuentro estaba programado para las 10 de la mañana en Quehuira. Pero la noche del viernes, el alcalde de Cotabambas, Odilón Huanaco, había aceptado, sin consultar a los dirigentes, que la reunión se realice en el Salón Consistorial del distrito de Tambobamba.

Confiados en ese acuerdo, Vizcarra, Pérez Tello, el ministro de Agricultura, José Luis Hernández, y el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, Rolando Luque, aterrizaron a la hora pactada en Tambobamba. Pero ninguna autoridad ni dirigente los esperó. La población exigía que la cita sea en Quehuira. Tras evaluar las condiciones de seguridad en la zona, la comitiva se hizo presente.

Apoyo a comunidades

Fue una reunión de más de tres horas. Empezó con la exposición de las demandas de los alcaldes y dirigentes de los seis distritos de Cotabambas.

Como se había anunciado en días pasados, entre sus reclamos figura la “renegociación del proyecto minero Las Bambas”, que pasa por la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que fue modificado en el 2013 sin consultar a las comunidades de la zona de influencia directa de la mina.

Ese reclamo fue acogido y respaldado por el vicepresidente Vizcarra. “El cambio del EIA se debió consultar y la población debió dar su aprobación”, opinó.

En el 2013, cuando MMG adquirió el proyecto minero de manos de Glencore Xstrata, se varió el estudio incluyendo el traslado de los minerales por tierra en camiones encapsulados y la construcción de la planta de procesamiento de minerales. En el EIA inicial, el mineral iba a ser llevado a Espinar por un mineroducto.

También pidieron que la empresa pague un aporte voluntario equivalente al 5% de sus utilidades anuales. El alcalde Odilón Huanaco y el presidente del Frente de Defensa de Cotabambas, Rodolfo Abarca, dijeron que ese dinero se orientará a obras en beneficio de los campesinos de la zona de influencia minera.

Otro de los pedidos fue el asfaltado de la vía utilizada por la minera para evitar la contaminación con polvareda. “Vamos a asfaltar la carretera con el dinero de la minera”, apuntó el vicepresidente.

Desde la vereda de los dirigentes, los pedidos fueron para la ministra Pérez Tello. Uno de ellos es que se archive la denuncia por las protestas que involucra, dicen los comuneros, a cerca de 300 pobladores. Pérez Tello aclaró que no puede interferir en el Ministerio Público, pero aseguró que los defensores públicos evaluarán la situación de los comuneros.

La propuesta

Luego de escuchar y recibir los pedidos, habló Vizcarra. “(Este conflicto) en parte es responsabilidad del Estado y en parte de la empresa. Ahora vamos a cumplir nuestra parte y haremos que la empresa cumpla su parte”, dijo de entrada el vicepresidente y generó aplausos.

El vicepresidente admitió que Cotabambas fue postergado. Por eso anunció que el gobierno mejorará la agricultura, ganadería, salud y educación. En cuanto a agricultura, el ministro Hernández ofreció el apoyo a proyectos para mejorar el cultivo intensivo de productos nativos.

Unos minutos después, el vicepresidente pidió 45 días para que el Ejecutivo presente un calendario para el cumplimiento de las demandas. Vizcarra y Pérez Tello explicaron que en ese tiempo podrán dar una respuesta.

Reacios a la tregua

¿Por qué las comunidades de Quehuira, Choquecca Antuyo, Pumamarca y Allahua no dieron la tregua? Según Salomón Paniura, presidente de Pumamarca, están cansados de que les pidan treguas y al final nunca cumplan sus compromisos.

Hay que recordar que el conflicto empezó en esas cuatro comunidades. Sus pedidos tienen que ver con problemas generados por Las Bambas.

Según explicaron, en un día, de Las Bambas salen en fila, en cinco horarios, alrededor de 200 camiones encapsulados cargados de cobre y otros minerales.

El paso de esas unidades ocasiona dos problemas para las familias: la polvareda que los afecta, igual que a sus ganados, y los microsismos que han ocasionado rajaduras en sus viviendas.

Wilber Paniura Escudero es un joven de Quehuira que vio cómo su casa se derrumbaba a causa de los sacudones provocados por los convoyes que pasan por esa comunidad.

Este comunero empezó a construir otra a unos metros de distancia de la que colapsó. Pero aún siendo de concreto ha empezado a rajarse.

“Es por esto que decidimos protestar, nadie quiere reconocer que se han dañado nuestras casas”, se queja Wilber.

Son unas 118 familias que habitan en todo el corredor minero. Un gran porcentaje presenta el mismo problema.

Uno de los pedidos de los comuneros de Quehuira, Choquecca Antuyo, Pumamarca y Allahua –quienes empezaron la protesta bloqueando la vía de salida de la mina– es justamente que la minera MMG Limited entregue una indemnización a las familias afectadas y pague por el uso de un tramo de la vía. En uno de sus documentos, los comuneros piden que la mina pague por el pase de cada camión entre tres y cinco mil soles, lo que la empresa considera excesivo.

MMG Limited ha admitido solo los reclamos por la contaminación con polvo. Y agregó que se conversa con las comunidades para remediar esos inconvenientes y que ha empezado con el asfaltado de un tramo de esa vía.

La institución educativa Nº 50652 también está cerca de la carretera en Quehuira. El techo de sus aulas presenta rajaduras y el aspecto que tiene refleja la pobreza rural.

Atiende a 60 niños en condiciones incómodas con mesitas y sillas pequeñas de madera descoloridas y deterioradas. No se han renovado en al menos cinco años, dice Willinton Escudero, profesor y regidor de Challhuahuacho.

Al costado de estas aulas, el gobierno colocó un aula prefabricada que está cerrada desde que fue instalada ahí. No tiene mobiliario. Adentro solo hay una escoba y un bote de pintura. “Han entregado un aula que no se puede utilizar. Faltan instalaciones eléctricas, puesta a tierra, pizarra y otros”, cuestiona Escudero.

Agregó que en todo Challhuahuacho hay cerca de 50 módulos en las mismas condiciones. “Aquí necesitamos mayor apoyo del Estado y la empresa con un aporte social”, apunta Escudero.

Justamente uno de los planteamientos es que MMG Limited entregue un aporte económico voluntario a la provincia para ejecutar obras.

A esto tendría que sumarse, según el alcalde de Challhuahuacho, Antolín Chipani Lima, una importante inversión en obras de saneamiento, agricultura y ganadería.

Vizcarra espera decisión final de comuneros

El vicepresidente de la República, Martín Vizcarra, informó anoche que se mantendrá hasta hoy en el Cusco, a la espera de la decisión final que adopten las comunidades de Quehuira, Choquecca Antuyo, Pumamarca y Allahua.

En diálogo con RPP, Vizcarra se mostró entusiasta con que los pobladores de estas comunidades acepten el plazo de 45 días que pide el gobierno para dar respuesta a sus demandas.

Subrayó que el Ejecutivo analizará punto por punto las exigencias de los pobladores y fue claro en señalar que algunas podrían ser atendidas en el corto plazo; otras serán materia de estudio y algunos pedidos quizás no sean atendidos.

Vizcarra dijo que hay recelo de las comunidades hacia la minera y también hacia el Estado, por el incumplimiento de compromisos asumidos por anteriores gobiernos. “La forma de trabajar nuestra es diferente”, agregó tras subrayar que hay disposición de este gobierno para gestionar recursos a fin de atender las necesidades. LaRepublica

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