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Municipalidad sí ordenó la venta de terreno para shipibos

El incendio desatado en Cantagallo no solo afectó la comunidad de los shipibo-conibo, sino también trastocó la credibilidad del alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio. Cuando todo señalaba a su gestión como la que ordenó vender el terreno otorgado para el traslado de esta comunidad, no salió a hablar, optó por el silencio 

y mandó a sus regidores a aclarar la denuncia.

El periodista Daniel Yovera había hecho público ayer, por la mañana, en su blog, la segunda adenda que se firmó el 5 de marzo del 2015 (ya en la gestión de Castañeda). En dicho documento se lee que las tres partes del contrato de concesión, es decir, la Municipalidad de Lima (fideicomisaria), Lamsac (fideicomitente) y Scotiabank (fiduciaria), suscribían la modificación del anterior acuerdo hecho durante la administración de Susana Villarán.

Esta modificación no solo implicó la no ejecución del proyecto Río Verde, sino también ordenaba la venta del terreno de 7 mil metros cuadrados ubicado en la urbanización Campoy, en San Juan de Lurigancho, el cual iba a servir para reubicar a los shipibo-conibo en octubre del 2015.

La cláusula adicional de esta adenda dice textualmente que la gerencia del proyecto "ha determinado la necesidad de vender el terreno adquirido con recursos de este fideicomiso a efectos que el dinero que se obtenga de dicha venta ingrese nuevamente al patrimonio fideicometido y sea destinado para ejecución del proyecto".

Claramente, el terreno en alusión es Campoy, y además se deja "constancia" de que la gerencia del proyecto es "la responsable de llevar a cabo las negociaciones de dicha venta y de definir los términos y condiciones que contendrá el contrato de compra-venta correspondiente".

Dicha adenda fue ratificada por el Ministerio de Economía y Finanzas en julio del 2015, donde se lee que se faculta al Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) a vender terrenos adquiridos con recursos del Patrimonio Fideicometido.

"En el listado de Actividades Previas a ser ejecutadas con el dinero del Patrimonio Fideicometido se elimina la construcción de inmuebles a ser otorgados en compensación a la comunidad shipibo-conibo", dice el documento del MEF.

Castañeda no habla

A modo de defensa, la Municipalidad de Lima convocó a conferencia de prensa para aclarar la denuncia. No obstante, en esta no estuvieron presentes Castañeda ni su habitual vocera, la teniente alcaldesa Patricia Juárez. En su lugar asistieron los regidores Wilder Ruiz y Shadia Valdez (ambos de Solidaridad Nacional) y el gerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML, Jaime Villafuerte.

Este último, respondió a La República que pese a que hasta el momento no se hizo efectiva la venta, hay la voluntad de vender el terreno de Campoy para –según él– hacer realidad la reubicación de las 265 familias shipibo-conibo o usar el dinero de la transacción como una inicial para acceder al programa Techo Propio.

Voluntad o no, existe la orden –según la segunda adenda– de vender el terreno que estaba destinado para la comunidad afectada por el incendio, la cual hasta la fecha no se ha hecho efectiva.

Villafuerte agregó que no se llegó a un acuerdo ya que las tres organizaciones shipibo-conibo (Ashirelv, Acushikol y los Avishil) tuvieron una actitud "terca" y no se pusieron de acuerdo sobre el destino de la nueva 'tierra prometida'.

A su turno, el regidor Ruiz criticó a la gestión anterior diciendo que dicho predio fue comprado por la administración de Villarán dos días después de las elecciones (7 de octubre) a 17 millones de soles, cuando en el 2011 el Portal Campoy SAC lo había adquirido a 7 millones de soles.

La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán –vía su red social– aseguró que la municipalidad no hizo directamente la compra, sino que esto le correspondió a la fiduciaria, es decir Scotiabank; y agregó que las tres organizaciones shipibo-conibo –mencionadas líneas atrás– estuvieron de acuerdo con que el lugar para asentarse fuese la urbanización Campoy, en San Juan de Lurigancho.

Es importante precisar que el conjunto habitacional shipibo-conibo estaba contemplado en el Proyecto Río Verde y Obras de Integración Urbana.

Por otro lado, en el marco de la propuesta de que la comunidad acceda a Techo Propio, La República conversó con el regidor municipal de la bancada de Diálogo Vecinal, Hernán Núñez, y aseguró que esto no es factible.

"Lo que les están diciendo es 'ustedes van a tener que pagar por la vivienda', para lo cual van a tener que, evidentemente, endeudarse ante una entidad bancaria. Esos proyectos no son gratuitos. Están desconociendo su calidad de afectados por el proyecto. Ellos tiene un derecho ganado, ellos no son parte de la reubicación porque la gestión anterior haya sido buena gente", explicó.

En ese sentido, se debe recordar que en el 2014 –mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano– se dispuso que los organismos metropolitanos adopten las medidas necesarias para el reasentamiento de los shipibo-conibo. Además, en el amparo del Convenio 169 de la OIT que prevé que se consulte a los pueblos indígenas cualquier legislación que afecte su cultura.

Testimonios de shipibos

Emma, cuyo nombre shipibo es Metzabica (mujer bella), tiene 7 años y camina entre cenizas y enseres quemados.

Son las 7:30 de la mañana y la menor busca entre todo el desastre –en el que antes estaba su casa– algún juguete o elemento que haya quedado en buen estado tras el infierno que azotó Cantagallo, el día anterior.

La niña ríe al ver a los vecinos y extraños que llegan al lugar para contemplar la magnitud del desastre. Su sonrisa e inocencia no se percatan de que ya no tiene un techo bajo el cual dormir y que sus padres están desesperados y piden ayuda.

Y no es para menos. El panorama es desgarrador. En ese sector del Rímac se destruyeron 436 viviendas y talleres, gran parte de ellos pertenecientes a la comunidad shipibo-conibo.

“Quedamos hasta sin ropa, lo perdimos todo, pero lo importante es que estamos vivos. Ahora necesitamos que nos ayuden, porque esta es una situación horrible. Tener sus cosas y al día siguiente no tener nada es como estar en una pesadilla”, dice Gabriela Sarmiento.

Ella es madre soltera. Tiene tres hijos, uno de ellos –Adriano– sufre de epilepsia y está postrado en una silla de ruedas. “Mi hijo Hugo (discapacitado de una mano) llegó y, como pudo, cargó a su hermano para salvarlo de una muerte segura”, señala entre sollozos.

No irán a Martinete

Como Gabriela, la mayoría de los damnificados ha decidido quedarse en el lugar de la tragedia donde no hay agua, electricidad ni servicios higiénicos, y han instalado carpas y palos con plásticos en los espacios donde antes se encontraban sus viviendas.

Wilson Valles, presidente de la comunidad shipiba, asegura que “sus hermanos” no ocuparán las carpas colocadas por la Municipalidad de Lima en la zona de Martinete porque son ellos los que quieren desalojarlos del lugar.

“Preferimos quedarnos acá, no queremos ir al otro lado. No nos vamos a mover”, aseguró Florentina Canayo Huayta, mientras recibía una manta y víveres.

“Hemos pasado la noche con mucho frío. Muchos durmieron en el suelo protegidos solo con cartón y un plástico. Así amanecimos”, manifiesta Giuliana Coronel, una mujer cuya familia de nueve miembros perdió su maquinaria de costura y su vivienda.

Similar suerte corrió Benito Romaña, quien por la mañana se dedicó a cerrar las tuberías de agua rotas para que una inundación no sea otro problema.

Ayuda no alcanza

La ayuda que se distribuye por ahora no alcanza. Según los afectados en el segundo nivel de Cantagallo, el problema es que la donación está llegando de forma segmentada: se concentra en la comunidad shipiba, en la zona alta, y no alcanza al resto de los damnificados.

“Anoche (viernes) no teníamos para comer, estábamos cansados y toda la ayuda se quedó en la zona de los shipibos. ¿Y nosotros qué?, ¿no somos gente?”, explicó Wilber Díaz Artita, que perdió su hogar.

En esa zona hay quienes perdieron sus casas y también han perdido la fe, ya que aseguran que en la emergencia les ofrecieron ayuda, pero eso no se concreta. “Apenas logré salvar mi vida, lo hemos perdido todo”, dijo Marita Contreras.

Celia Cana también se quedó en la calle. Ella estaba durmiendo cuando se desató el incendio. “Fue terrible”, dijo.

No se dan por vencidos

Decididos a salir adelante, algunos comuneros se preparan para cocinar algo del paquete de alimentación que les han dado, que incluye arroz, menestras y productos de aseo.

Las familias que aquí se concentran son numerosas, con jóvenes y varios niños, a los que vigilan constantemente para que no sufran con la escasez de alimentos y agua. Un panorama que se repite en cada uno de los tres niveles afectados por el devastador incendio.

Y mientras distintas instituciones y ONG llegan con agua, pan, quinua y fruta, personal del Ejército realiza trabajos de remoción de escombros con palas, carretillas, montacargas y volquetes.

En el segundo nivel de Cantagallo la situación es distinta y refleja las diferencias que había entre shipibos e indígenas.

Aparece una bordadora industrial de US$ 50.000 erguida sobre los escombros, cocinas, refrigeradoras, televisores y otros artefactos desvencijados, zapatos chamuscados, techos de calaminas acanaladas, enrolladas, como si fueran obras de un abrelatas gigante.

150 niños shipibos

En el día después de la tragedia Cantagallo se ha convertido en una oda al desamparo.

Rosmell Huamaní intenta rescatar algunas botellas de bebidas gaseosas de lo que quedó de su bodega y le habla a un oyente invisible. "Por qué, Señor...".

El incendio que torturó a los pobladores ha dejado mucha gente a la intemperie. Caminar por esa área equivale a invadir la intimidad de casi todos los que viven en ese sector. Unos 150 niños juegan despreocupados por los destrozos propios y ajenos. Son felices como pueden.

Pero sus padres no han dormido. Una de ellas es Trinidad, quien era dueña de una cabina de Internet y un puesto de abarrotes. Lo perdió todo, incluso los libros con los que estudiaban sus hijas en la universidad. Señala que dos días antes cambió a dólares el dinero que necesitaba para pagar la pensión universitaria de sus dos hijas, por seguridad lo guardó en una caja. Todo se volvió cenizas.

Los artistas shipibos también sufren la tragedia. Es el caso del pintor David Ramírez, quien lo perdió todo.

El miércoles 16 de noviembre iba a exponer en la Universidad de San Marcos sus pinturas que reflejan el paisaje y espíritu de la Amazonía peruana. El fuego devoró todos sus cuadros, cada uno valorizado entre 1.200 y 2.000 soles.

Wilson Valles Valles es músico y el mismo día del incendio había adquirido un teclado y una batería electrónica. Todo quedó destruido.

“Usted no se imagina cómo fue esto”, nos dice, y su voz se corta por el llanto: “Nos hemos quedado sin casa, pero somos un pueblo guerrero y saldremos adelante”, añadió este dirigente de la comunidad shipiba.

Adenda 2015

La segunda adenda se firmó en marzo del 2015, en abril de ese año; la teniente alcaldesa Patricia Juárez se reunió con los shipibo-conibo y les prometió la reubicación.
En abril y mayo del 2015, la comunidad presentó demandas de habeas data para tener acceso a la información sobre su situación. LaRepublica

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