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Apelarán fallo de fiscal que archiva caso de esterilizaciones forzadas

La decisión de la fiscal Marcelita Gutiérrez, de archivar el caso de esterilizaciones forzadas será apelada ante una fiscalía superior, informó el abogado Carlos Rivera, defensa legal de las mujeres que han denunciado ser víctimas de esta práctica.

Según explicó a la Agencia Andina, luego de ello habría un plazo de 20 a 30 días para que dicha instancia se pronuncie, y si se confirma la decisión de Gutiérrez el caso estaría cerrado, con lo cual se abriría la posibilidad de ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Estamos terminando de desarrollar la argumentación que estará dirigía al fiscal superior. Hay evidencia de que el delito fue cometido de manera sistemática, hubo igual modus operandi que solo era posible sí había una organización estatal que la alentara”, señaló.

Rivera sostuvo, en ese sentido, que las esterilizaciones ejecutadas en la década de los 90, durante el régimen de Alberto Fujimori, no pudieron haber ocurrido sin la voluntad de quienes estaban en ese entonces en el poder Ejecutivo.

El abogado lamentó que la fiscal Gutiérrez se haya pronunciado cerca de las Fiestas Patrias, sobre dicho proceso, pues "el impacto de tal decisión quedó minimizado debido a los feriados".

Recordó que en sus conclusiones, la fiscal se muestra a favor de la inexistencia de crímenes de lesa humanidad y autoría mediata, y solo encuentra responsabilidades individuales en cinco médicos.

"Con ello, ni el exmandatario Alberto Fujimori, ni sus ministros de Salud quedan comprendidos", puntualizó el abogado.

También advirtió que para la fiscal, de las más de 2,000 víctimas comprendidas en el caso, se encontró que 1,124 mujeres dieron un consentimiento informado y que solo “un grupo” de mujeres no, pero -indicó- ese grupo lo conforman 900 ciudadanas.

"Ha sido un análisis muy burdo. Además, la más grave omisión es que no hace un estudio de las circunstancias de la comisión del delito, para la fiscal no hubo delito contra los derechos humanos, pasa a ser delito común contra cinco médicos con lo que se corre el riesgo de que prescriba”, acotó. Andina 

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