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La liberación de Félix Moreno afectaría otros casos de Odebrecht

El caso Lava Jato en el Perú sufrió ayer un duro golpe. La decisión en mayoría de la Sala Penal de Apelaciones Nacional de otorgar comparecencia restringida (libertad) al presidente regional del Callao, Felix Moreno, tendrá serias consecuencias en otros casos.

Las investigaciones serán más lentas.

Si la libertad de Moreno es preocupante, más lo son los argumentos utilizados por los jueces Sonia Torre Muñoz y Rómulo Carcausto Calla para tomar la decisión.

Los jueces consideran que la sola declaración de un colaborador es insuficiente para decretar la prisión preventiva de una persona. Enfatizan que los fiscales solo pueden utilizar esa declaración cuando lo que dice está corroborado con otras pruebas y se haya firmado el acuerdo respectivo.

Por esto se le otorgó libertad a Moreno y le dieron la posibilidad de reasumir la gobernación regional del Callao.

Los jueces señalaron que las declaraciones de los colaboradores Nº 03-2017 y de Gil Shavit aún no fueron corroboradas. Ambos afirmaron que el presidente regional del Callao negoció con los representantes de la constructora brasileña Odebrecht el pago de US$ 4 millones para adjudicarle la licitación de la vía Costa Verde Callao.

Además, que parte de ese dinero se utilizó para pagar, a través de Valdemir Garreta, la participación del publicista argentino Luis Favre en la campaña regional de Moreno, en las elecciones del 2014.

Pues bien, los jueces consideraron que esa declaración no está corroborada con ninguna otra prueba y que Favre y Garreta aún no fueron interrogados por la Fiscalía para descartar otros 32 indicios que presentó la fiscalía.

Además, indicaron que los colaboradores han entrado en contradicción. Por ejemplo, que han señalado dos lugares distintos como sedes de la reunión de coordinación con Odebrecht. Uno de los colaboradores habla de “una oficina” y el otro de “un domicilio”.

Tampoco, dijeron los jueces, está probado que Moreno hubiera recibido el dinero, como dicen los colaboradores. Ni siquiera, añadieron, está probado que Favre tenga el apelativo “Taca” ni que trabajara en la campaña de Moreno.

La libertad de Moreno se estaría ejecutando hoy.

El INPE está a la espera del oficio de la Sala de Apelaciones para su excarcelación. Luego de que esta se produzca, tiene seis días para pagar una caución de 100 mil soles.

Repercusiones

Uno de los casos donde esta resolución tendrá repercusiones es el proceso al ex presidente Alejandro Toledo, refugiado en Estados Unidos. Toledo ya ha cuestionado que ni siquiera se le haya permitido apelar la prisión preventiva.

Ahora, un tribunal ha señalado que la sola declaración de un colaborador eficaz no prueba la entrega ni la recepción del dinero ilícito.

Lo mismo sucede con el caso del ex presidente Ollanta Humala y de Nadine Heredia, donde ni siquiera se ha planteado un pedido de prisión preventiva. En esta investigación, al igual que con Moreno, los presuntos pagos se habrían realizado en efectivo y servido para pagar la participación de Favre en la campaña electoral.

Garreta también habría sido el intermediario.

Favre y Garreta, de manera pública, han negado haber recibido pagos ilícitos de Odebrecht para participar en campañas políticas en el Perú.

Frente a este nuevo panorama que se ha abierto, la Fiscalía Anticorrupción y la de Lavado de Activos deberán redoblar sus esfuerzos para confirmar la versión de los colaboradores.

Presidente del PJ dice que se debe respetar la decisión

El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, señaló que se debe respetar la decisión de la Sala Penal de Apelaciones Nacional, al margen de que se pueda estar de acuerdo o no. Explicó que la presidencia del PJ no es una instancia de revisión de la decisión de los jueces.

Gerardo Távara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, señaló que el fallo genera “incertidumbre y desazón”, pues Félix Moreno puede volver a ejercer como gobernador.

El abogado de Moreno, Eduardo Roy Gates, señaló que la resolución de la Sala de Apelaciones se ajusta a la ley, porque no se puede detener a una persona con una declaración que no haya sido corroborada. LaRepublica

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