Almacén en Pachacámac guarda más de 18 mil cajas de documentos de Odebrecht no revisados

Almacén en Pachacámac guarda más de 18 mil cajas de documentos de Odebrecht no revisados

Un almacén de la empresa Polysistemas, especializada en custodia y manejo de archivos, guarda en sus instalaciones más de 18 mil cajas con documentos de la filial de la empresa Odebrecht en el Perú.

 El dominical Cuarto Poder reveló que la comisión Lava Jato del Congreso desconocía la existencia del voluminoso archivo, y que este aún no ha sido revisado por los fiscales a cargo del caso.

El almacén, ubicado en la asociación Huertos de Villena, custodia la documentación desde 2015, año en el que el director de la constructora, Marcelo Odebrecht fue encarcelado en Brasil tras el estallido del caso Lava Jato.

Ese año la transnacional brasileña firmó un contrato con Polysistemas y trasladó los documentos en camiones desde su sede en San Isidro a Pachacamac.

Documentación sobre contratos
Entre la documentación se almacena varios de los proyectos más importantes de las últimas décadas de la compañía brasileña en el Perú. Entre ellos documentos de los contratos del Metro de Lima, del trasvase Olmos y Rutas de Lima. También información sobre la Vía Expresa del Cusco, Vía Costa Verde y hasta documentos sobre el Cristo del Pacífico donado por la empresa durante el gobierno de Alan García.

Además contiene documentación sobre arbitrajes entre Odebrecht y el Estado Peruano e informes sobre la objeción de la Contraloría al proyecto de los tramos II y III de la carretera Interoceánica, que se aprobó y firmó durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Las cajas también guardan expedientes de obras y los estados financieros de la compañía en el Perú.

No existe orden de inmovilización
El dominical informó que el 21 de diciembre de 2017 y el pasado 26 de febrero el juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la inmovilización de los documentos del almacén de Pachamac a pedido del fiscal José Domingo Pérez, encargado de la investigación a Keiko Fujimori.

La última orden concedió un plazo de 15 días de inmovilización, pero este venció hace tres semanas. Desde entonces, ningún fiscal ha solicitado "una medida de aseguramiento" de la documentación.

RPP