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De 138 universidades públicas y privadas monitoreadas, 67 reportaron denuncias por hostigamiento sexual en 2018 ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), ente encargado de supervisar la atención y las acciones internas en estos casos.

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El principal delito en el país es el robo de celulares. Miles de estos aparatos sustraídos se usan en el mercado negro para realizar crímenes más complejos, como secuestros, extorsiones y asesinatos por encargo.

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Si una universidad no cuenta con un documento interno o un protocolo para atender los casos de violencia, acoso u hostigamiento sexual será sancionada con una multa de hasta el 8% de sus ingresos anuales o la cancelación de su licencia de funcionamiento, lo cual llevará al cierre del establecimiento.

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Los ministerios de Educación (Minedu) y de Trabajo (MTPE) firmaron un convenio para que las escuelas privadas no contraten a personas sentenciadas por delitos de violencia sexual, narcotráfico, terrorismo y apología al terrorismo, lo que permitirá proteger a los estudiantes.

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