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Mitos y verdades sobre el largo proceso de extradición de Alejandro Toledo

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A una semana de cumplirse dos años desde que se ordenó la prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo, las críticas arreciaron en los últimos días contra el Ministerio de Justicia por la lentitud con la que avanza el caso y por la falta de contratación de un abogado en Estados Unidos que acompañe el proceso de extradición.

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, anunció que en los próximos días se firmará la resolución para contratar un estudio en EE.UU. que ayude en el caso contra el ex presidente, acusado de recibir sobornos por US$20 millones de la constructora Odebrecht. El principal candidato es Foley Hoag. En el 2017, esta firma elaboró un informe para su cartera sobre los procesos en un pedido de extradición desde Estados Unidos. Además, participó en una causa similar contra el ex presidente panameño Ricardo Martinelli.

Aunque la ley no impone límites de tiempo, el informe Foley Hoag realizó estimaciones sobre la duración del proceso, que resultan pertinentes para hacer precisiones sobre el Caso Toledo.

1. ¿Por qué la extradición demora tanto tiempo?
El informe Foley Hoag estima que la etapa de revisión por el Departamento de Estado y después por el Departamento de Justicia de EE.UU. puede demorar hasta seis meses desde que reciben los documentos traducidos y apostillados.

Aunque la orden de prisión fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho en febrero del 2017, el expediente fue enviado al Departamento de Estado de EE.UU. en mayo del 2018, después de la aprobación en la Corte Suprema y el Consejo de Ministros. Adicionalmente, las autoridades estadounidenses solicitaron información complementaria que fue respondida por la Fiscalía de la Nación en julio del mismo año.

El estudio señala que el proceso completo puede durar entre dos y siete años, si el prófugo apela. En algunos casos, los trámites han sido más largos.

2. ¿Por qué el ex presidente no ha sido detenido?
A diferencia de la mayoría de países que forman parte de Interpol, en Estados Unidos las alertas de detención internacionales tienen que ser aprobadas por un juez, explica Gilmar Andía, asesor en extradiciones del Ministerio de Justicia.

Por ese motivo, la fiscalía remitió primero un pedido de detención con fines de extradición, mientras tramitaba el cuadernillo de extradición. Ambos procesos siguen los mismos pasos ante la justicia estadounidense.

3. ¿El caso está estancado?
La Fiscalía de la Nación anunció que la extradición de Alejandro Toledo se encuentra en el Departamento de Justicia. En esa etapa se analiza si existen causas probables de la comisión del delito, según explicó Andía.

Terminado el análisis, el expediente pasará a la fiscalía federal de California, donde reside el ex presidente, la que evaluará la solidez del caso antes de presentarlo en una corte. “El Departamento de Justicia no va a presentar un caso que pueda rebotar. Si ve que falta [algo], pide más información”, explica el penalista Vladimir Padilla.

La primera medida que debe tomar el fiscal es pedir la detención del imputado.

4. ¿Para qué sirve que el Estado contrate a un abogado?
La defensa de los intereses peruanos en la corte federal será asumida por el fiscal estadounidense, según está expresado en el tratado de extradición firmado entre ambos países.

El Estado Peruano no está obligado a contratar a un abogado, pero contar con uno sirve de apoyo para interpretar las pruebas conseguidas en el proceso peruano en la lógica del sistema jurídico estadounidense, explica la abogada penalista Romy Chang.

5. ¿Toledo puede dilatar el proceso ante la corte federal?
Una vez que el juez resuelve sobre la procedencia de la extradición, el ex presidente puede presentar un hábeas corpus y apelaciones. Resolverlos puede demorar entre dos y cuatro años, según el informe Foley Hoag.

Andía explica que el procesado no puede salir libre bajo fianza, pues existe una presunción de fuga, a menos que demuestre circunstancias especiales.

6. ¿Puede alegar persecución por opiniones políticas?
A través de su página “Toledo facts”, el ex presidente se presenta como un perseguido político por las organizaciones dirigidas por Keiko Fujimori y Alan García. Pero para catalogar bajo esta categoría, la justicia de EE.UU. solo considera las acciones emprendidas por el Ejecutivo, aclara Andía.

Fuente: ElComercio 


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