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Ayabaca: investigan contratos por más de S/10 millones a favor de familiares de ex alcalde

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La Policía y la Fiscalía Anticorrupción allanaron la Municipalidad de Ayabaca, en Piura, como parte de la investigación al ex alcalde provincial Humberto Marchena (2007-2018) y otras cinco personas, por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible.

Según la investigación preliminar, la fiscalía tiene en la mira contratos por más de S/10 millones que se aprobaron a favor de familiares del ex alcalde Marchena, quienes fueron proveedores de la municipalidad durante los doce años que duró la gestión.

Uno de los investigados es Luis Moisés Jiménez Rivera (concuñado del ex alcalde), quien se inscribió como proveedor de bienes y servicios al Estado en agosto del 2016, pero que empezó a efectuar servicios, sin cumplir la norma, en el 2014. Desde este año hasta el 2018 percibió de la Municipalidad de Ayabaca un total de S/1’204.941,82.

Otra investigada es Maximina Granadino Cunya (también concuñada del ex alcalde). En el año 2015 se inscribió como proveedora estatal, pero efectuaba servicios desde el 2008. Entre los años 2007 y 2014 percibió de la municipalidad una suma de S/962.890,81.

También son investigados Florelia Quinde Chamba (cuñada) y Raúl Ángel Sosa Nieves (concuñado), quienes en el periodo 2009-2017 percibieron del municipio ayabaquino un total de S/1’435.708,88. Asimismo, es investigado Abelardo Rivera Jiménez (primo de Luis Jiménez), quien percibió S/6’711.428,83 de la Municipalidad de Ayabaca entre los años 2009 y 2017.

En total, los montos ascienden a S/10’314.970,34‬. De acuerdo con la investigación fiscal, no se descarta la participación ilegal de algunos funcionarios o servidores públicos.

Tanto Raúl Sosa como Abelardo Rivera inscribieron su Registro Único de Contribuyentes (RUC) en el año 2008, cuando empezaron a ser proveedores municipales. Para la fiscalía, esto “revela que la inscripción se hizo exclusivamente con la finalidad de proveer bienes y servicios, en contubernio con el entonces alcalde Humberto Marchena”.

Similar situación presenta Maximina Granadino, quien inscribió su RUC en el año 2007, con una actividad económica, al igual que Sosa y Rivera, que “no guarda relación con el desenvolvimiento del rubro (independiente), coligiéndose que su consignación se debió en mérito al marco de acuerdos clandestinos realizados para defraudar al Estado”.

El fiscal adjunto Miguel Saldarriega señaló que la medida de allanamiento e incautación de documentos y equipos electrónicos relacionados con la investigación durará dos días. “Las contrataciones habrían sido direccionadas por el (ex) alcalde, se ha venido a incautar expedientes de contratación que están en almacén y logística”, señaló.

La diligencia fue autorizada por el juez Jorge Nole, titular del Juzgado de Investigación Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana.

Fuente: El Comercio


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